La concursada formuló diversos pedidos de autorización de venta, los cuales se sustancian a través de los respectivos incidentes creados a tales efectos. Se detallan los siguientes: EXPTE. N°14488721 – COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA-… Leer más »La concursada formuló diversos pedidos de autorización de venta.
Con fecha 20/11/2025 el tribunal requirió a la Sindicatura plural – encargada del contralor del acuerdo preventivo homologado (Sentencia n°55 de fecha 31/07/2025) – la presentación de un informe trimestral que contenga ciertas cuestiones vinculadas al control de los pagos efectuados a los acreedores (monto, fecha, cuotas, etc), costas judiciales, control y seguimiento de toda cuestión vinculada a la garantía del cumplimiento del acuerdo, las autorizaciones concedidas por el tribunal, los actos disposición que excedan las limitaciones impuestas por la inhibición general de bienes y toda modificación del activo que incida y/o pueda ser relevante en la instancia de control de cumplimiento del acuerdo.
La concursada informó en el trámite del concurso preventivo, el pago de diversos créditos fiscales, así como la adhesión y/o negociación a planes de facilidades de pago con organismos tributarios.
A tal fin, citó a los representantes de las sindicaturas, sus letrados y representante de las concursadas, con el objeto de analizar y/o distribuir las tareas atinentes al control del acuerdo preventivo homologado, revisar aquellas… Leer más »El Tribunal fijó audiencia para el día 21 de agosto del corriente año a las 12:00 horas, en la sede de radicación del juzgado.
El día 31/07/2025 el Tribunal dictó sentencia de homologación del acuerdo preventivo arribado entre las concursadas Molino Cañuelas SACIFIA y Compañía Argentina de Granos SA y sus acreedores. En su resolución exhortó a las deudoras a iniciar el pago del acuerdo incluso antes de los treinta días de quedar firme la resolución.
que prevé en la Ley N° 8.349, de la Provincia de Córdoba. El día 05/06/2025, el tribunal corrió traslado del pedido de inconstitucionalidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y al Ministerio Público Fiscal.
y concedió el plazo de diez (10) días, a fin de que los funcionarios cumplimenten con las medidas requeridas mediante el decreto de fecha 11/04/25.